Decreto 9/2021, de 31 de marzo, por el que se regula la Escuela de Administración Pública de Castilla y León

Con fecha 06/04/2021, se ha publicado en el Bocyl, el Decreto 9/2021, de 31 de marzo, por el que se regula la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.

La ECLAP tiene como actividad principal la cualificación de personas al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en el momento de su creación, en el año 2002, supuso la profesionalización de la formación, el desarrollo de nuevos modelos formativos y el impulso en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la formación de los empleados públicos autonómicos.

La Escuela de Administración Pública de Castilla y León toma un nuevo rumbo con el objetivo de potenciar la modernización, calidad y profesionalización de la Administración a través de la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos, aportando un valor añadido a los servicios que se prestan a los ciudadanos.

El objeto del nuevo decreto es dotar a la Escuela de una regulación adecuada a la evolución que ha sufrido, llevando a cabo una reordenación y clarificación de sus funciones y competencias, definiendo de forma clara su ámbito subjetivo de aplicación y reforzando su protagonismo en la mejora de la prestación de los servicios públicos.

Atribuye a la ECLAP la gestión de la selección de las personas que integrarán el empleo público de la Administración y que hasta  ahora eran ejercidas por la Dirección General de la Función Pública a través del Servicio de Selección y Provisión, puesto que la captación del talento y la formación son dos elementos que forman un tándem fundamental en la gestión de las personas al servicio de la Administración autonómica.

Con esta nueva competencia, se pretende realizar una profunda actualización y mejora de los procesos de acceso al empleo público, adaptándolos al sistema de ingreso que permita identificar las capacidades de los futuros empleados públicos, de manera coherente con las necesidades de la Administración para la prestación de un servicio público acorde con las demandas de la ciudadanía.

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